DERECHO A LA VIDA-DIGNIDAD-EUTANASIA

Introducción La eutanasia y el derecho a la muerte digna constituyen temas controvertidos que incluyen principios jurídicos, bioéticos y sociales. En el Perú, la eutanasia sigue siendo ilegal y se tipifica como homicidio piadoso; sin embargo, la creciente valoración de la autonomía individual y el respeto a la dignidad humana han puesto en la palestra el debate por su posible despenalización. El artículo de Ugarte y Valero (2024) realiza un análisis exhaustivo sobre la evolución histórica, conceptual y el marco legal internacional y peruano, aportando luces sobre los desafíos éticos y jurídicos que enfrenta la sociedad y el Estado. Situación Jurídica de la Eutanasia en el Perú: La eutanasia en el Perú está contemplada como delito bajo el artículo 112 del Código Penal, denominado “homicidio piadoso”. Sin embargo, existe un marco constitucional que protege derechos fundamentales como la integridad moral, psíquica y física, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que pueden servir de base para fundamentar un derecho a una muerte digna (Ugarte & Valero, 2024). La Constitución Política del Perú reconoce como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, así como el derecho a la vida pero no como un derecho absoluto, en concordancia con otros derechos y garantías. De esta manera, el derecho a la muerte digna o eutanasia voluntaria entra en tensión con la protección constitucional de la vida, generando un conflicto que aún no ha encontrado solución legislativa en el país (Ugarte & Valero, 2024). Conflicto con el Concepto de Muerte Digna y Derecho a la Muerte: La eutanasia se conceptualiza como la acción de poner fin a la vida de un paciente terminal que padece sufrimientos insoportables, con su consentimiento libre y persistente (Kushe, citado en Ugarte & Valero, 2024). El derecho a la muerte digna se relaciona con la autonomía y libertad individual, principios que se ven reflejados en el consentimiento informado y en la negación a tratamientos médicos desproporcionados o fútiles. No obstante, la criminalización de la eutanasia impone límites que confrontan la dignidad y voluntariedad del paciente. Paradigmas paternalistas históricos —médicos y jurídicos— dificultan el reconocimiento de la capacidad de decisión del paciente, afectando su autonomía y bienestar (Ugarte & Valero, 2024). La eutanasia en la legislación comparada muestra una gran diversidad ética y cultural según el país y la región, reflejando distintas visiones sobre cómo vivir y morir. Pocos países han legislado a favor de la eutanasia, priorizando la autodeterminación personal sobre la tradicional sacralidad de la vida, especialmente en contextos donde la prolongación artificial de la vida puede generar sufrimiento y encarnizamiento terapéutico. Bélgica es uno de los países pioneros que ha regulado la eutanasia desde 2002 mediante la "Ley relativa a la eutanasia". Esta ley define la eutanasia como la acción intencional de un tercero para poner fin a la vida de una persona a petición voluntaria de esta. Para acceder a la eutanasia en Bélgica, el paciente debe ser mayor de edad, capaz, consciente y solicitar el procedimiento de manera voluntaria, meditada y reiterada. Además, el paciente debe encontrarse en una situación clínica sin esperanza, experimentando un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, certificado y persistente. No es requisito que el paciente sea ciudadano o residente belga, pero sí debe intervenir un médico belga en el proceso. La aplicación de un marco legal similar al de Bélgica sobre la eutanasia en el Perú implicaría una serie de adecuaciones jurídicas y sociales para adaptarlo al contexto nacional. En primer lugar, sería fundamental establecer una definición clara de eutanasia en la legislación peruana, entendiéndola como la acción deliberada de un tercero, generalmente un médico, que pone fin a la vida de una persona a petición voluntaria, consciente y reiterada de esta. Para ello, se deberían fijar condiciones estrictas para acceder a este procedimiento: el paciente tendría que ser mayor de edad y contar con plena capacidad para tomar decisiones; además, su solicitud debería ser libre de presiones, meditada y reiterada en el tiempo. Asimismo, la persona interesada debería padecer una enfermedad terminal o una condición médica irreversible que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, debidamente certificado por profesionales de la salud. Además, la legislación debería garantizar la participación de profesionales médicos, quienes, bajo un protocolo riguroso, evaluarían cada caso para asegurar que se cumplan todos los requisitos éticos y médicos. También es crucial respetar la diversidad cultural y religiosa del país, permitiendo la objeción de conciencia para aquellos médicos que, por motivos éticos o de creencias personales, no deseen participar en la práctica de la eutanasia, sin limitar el derecho del paciente a acceder a ella a través de otros profesionales. Conclusión La incorporación de una legislación sobre eutanasia en el Perú, inspirada en modelos como el belga, representa un desafío complejo que va más allá del ámbito jurídico, pues involucra aspectos éticos, culturales y sociales profundamente arraigados en la sociedad peruana. Para avanzar en este sentido, es necesario construir un marco normativo que respete la autonomía y la dignidad de la persona al final de su vida, pero que también garantice una rigurosa protección frente a posibles abusos. Esto exige un proceso de diálogo amplio y transparente que permita conciliar las diferentes posturas y sensibilidades existentes, asegurando que la ley no se imponga de manera unilateral, sino que emerja como resultado de un consenso social. Solo así se podrá lograr una regulación que responda a las necesidades actuales, promueva el respeto por la libertad personal y, al mismo tiempo, reconozca y valore la pluralidad cultural y moral del Perú.